El pueblo salva al pueblo… sobre todo gracias a los impuestos

El que espere en este artículo una crítica feroz contra la política ya puede dejar de leer. La política es el arte del diálogo y la colaboración entre posiciones diferentes para conseguir objetivos comunes para el bien general de la sociedad. Por tanto, la política es necesaria.

Otra cosa es que determinadas ideologías aplicadas a la política matan personas.

El neoliberalismo que preconizan Milei en argentina o los sectores más conservadores, mayoritarios hoy día en el PP, suponen una reducción del estado y, por tanto, una reducción de los servicios públicos, y una flexibilización extrema para favorecer la entrada del sector privado en la gestión de los servicios que son del interés general. En EE. UU., paradigma en declive de este modelo, no solo la sanidad y la educación son mayoritariamente privados (la parte pública es residual e infradotada económicamente), sino incluso muchas prisiones son privadas, y claro, hay que llenarlas para favorecer el negocio.

Normalmente, la gestión pública garantiza la equidad del sistema y la ausencia de discriminación racial, social o de cualquier otro índole. La gestión privada, en cambio, persigue valores lo más altos posible en su cuenta de resultados. Cuando se habla despectivamente de lo público se suelen encontrar motivos basados en la tardanza o en la excesiva (en ocasiones) burocratización del sistema. Pero los servicios públicos son necesarios. Dos ejemplos:

La gestión de las riadas de l’Horta en Valencia causado por la DANA

Las DANAS, anteriormente conocidas como gotas frías, son fenómenos meteorológicos que nos sacuden con crudeza periódicamente. Los temporales seguramente serán más devastadores y frecuentes por el cambio climático. No tengo datos para sostener esta afirmación, pero me baso en lo que leo en medios reputados donde escriben expertos científicos. Sea como fuere, la descarga brusca de lluvia torrencial no parece evitable, pero sus consecuencias sí. Recordemos que las consecuencias son la muerte de decenas de muertes (220 muertes en la DANA de Valencia contabilizadas en el momento de escribir estas líneas), la pérdida de bienes y patrimonio (personal y colectivo), el colapso o desabastecimiento de servicios básicos (agua, luz, gas, telecomunicaciones, movilidad), el cierre de la actividad económica y productiva y el esfuerzo físico, psicológico y económico (personal y colectivo) que conlleva la reparación del daño acaecido. Estas consecuencias sí que son evitables.

Una de las primeras decisiones políticas ultraliberales que tomó el gobierno Valenciano (2023. PP y VOX) fue acabar con la Unidad de Emergencias de Valencia. Era un servicio público calificado como «chiringuito» y como una «carga burocrática excesiva». Es decir, se cargan un servicio público esencial que hoy podría haber salvado vidas.

No hablaré de las prioridades del gobierno valenciano, cuyo presidente, transmitió su desinformación como si fuera información veraz, cuando no lo era. Pero recuerden como se intentaba evitar la llegada de voluntarios de toda España diciendo más o menos que eran un estorbo. Y recuerden que el Presidente (todavía hoy) de la Comunidad Valenciana prefería estar en una comida de 4 horas con una periodista a la que quería enchufar para que dirigiera la televisión valenciana de una determinada manera, que llegar a tiempo a la reunión de coordinación de la emergencia que se estaba dando en ese mismo momento, con las consecuencias que ya sabemos.

Un determinado tipo de políticas tienen la culpa. Eliminar los servicios públicos tienen consecuencias, sin entrar a valorar la capacidad de gestión de algunos políticos como los que integran el gobierno valenciano.

Las políticas de defensa de lo público salvan vidas. Ahí están los ejemplos de la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por parte del Gobierno de España. Ahí están los recursos públicos invertidos para recuperar los servicios básicos o para rescatar personas, y en el peor de los casos, recuperar los cuerpos de las personas fallecidas. Ahí están las ayudas económicas que salen de nuestros impuestos para intentar aliviar los problemas de los damnificados. Todo eso se mantiene con dinero público, es decir, con el dinero que todos aportamos con nuestros impuestos. Cuando alguien dice voy a rebajar impuestos hay que responderle «qué servicio público quieres reducir o quitar». Por ello, y sin desmerecer ni un ápice a los miles de voluntarios que solidariamente están colaborando en las tareas de reparación, rescate y reconstrucción de la catástrofe, «el pueblo salva al pueblo, también con los impuestos».

La gestión de las residencias de personas mayores en la CA de Madrid en época del COVID

Para el segundo ejemplo no me extenderé tanto. Basta una imagen para recordar que los recortes en sanidad realizados por Ayuso (PP) en Madrid han causado que 7291 personas mayores hayan fallecido en las residencias de mayores sin recibir asistencia sanitaria.

Conclusiones

Las políticas neoliberales de eliminación de lo público unido a la infame gestión política de las derechas de los recursos públicos provocan muerte y destrucción que eran evitables. Qué tiempos aquellos en que algunos partidos políticos solo amparaban la corrupción, robaban y conspiraban. Sus políticas también matan.

Los ciudadanos y ciudadanas debemos apostar por políticos y políticas responsables, competentes y que antepongan el bien colectivo al bien propio.

Las políticas que apuestan por la recaudación justa de impuestos para financiar los servicios públicos que nos ayudan a todos son más que nunca necesarias.

Exigir que nuestros impuestos se aprovechen para lo prioritario es tarea de cada uno de nosotros individualmente y de nuestras organizaciones vecinales, y fundamentalmente sindicales y políticas, en las que la mayoría social debería organizarse más para empoderarse colectivamente.